Organizaciones de la sociedad civil presentaron un amparo con el objetivo de salvaguardar el derecho a la vida, la salud y la dignidad de los pacientes internados en el Hospital de Campaña, donde actualmente viene funcionando el Hospital Regional de Ica.

La acción de amparo se ha dirigido contra el presidente regional de Ica, Rómulo Triveño Pinto; el director regional de Salud de Ica, Dr. Francisco Rubén Brizuela Pow Sang y el director del Hospital Regional de Ica, Dr. Luis Alberto Hernández Cabrera.

Ronald Gamarra Herrera, secretario ejecutivo de la CNDDHH juntamente con  Gustavo Echegaray Aguirre, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Ica (CODEH-ICA);  Mario Ríos Barrientos, Coordinador Nacional del Foro de la Sociedad Civil en Salud (Forosalud); y Lourdes Ninapayta Inca, presidenta de la Asociación Civil “Casas de la Salud”, solicitaron al  4to Juzgado Civil Transitorio de Ica ordenar a las autoridades demandadas cumplir con su obligación de adoptar medidas pertinentes con el fin de garantizar el derecho a la vida, a la dignidad, y a la salud de los pacientes hospitalizados en el hospital de Campaña.

Entre las principales exigencias se encuentran: la implementación de un adecuado sistema de agua potable y servicios higiénicos; la consideración a  las condiciones de género  en el internamiento de los pacientes.

Asimismo, la adopción de medidas adecuadas de tratamiento de desechos de los servicios hospitalarios,  de tal manera que se evite que los mismos se conviertan en un  peligro para los propios pacientes y en  foco de propagación de enfermedades.

Del mismo modo, se exhorta a las autoridades iniciar las acciones inmediatas para garantizar una atención adecuada para los niños, especialmente el cuidado que debe dispensarse a los servicios de neonatología y pediatría; así como asegurar un adecuado tratamiento de las personas con VIH y tuberculosis.

Finalmente, se demanda la adopción de medidas urgentes para mejorar las condiciones en las que vienen trabajando el personal médico.

Han transcurrido casi tres años del fatídico terremoto que azotó a Ica y que causó la muerte de 519 compatriotas y destruyó 76.000 viviendas. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denuncia la inacción y pasividad del gobierno, pues las condiciones precarias en la zona devastada siguen manteniéndose y perjudicando a los sectores más pobres de la región de Ica.